En la mayoría de los trabajos es común que te pidan exámenes toxicológicos o antidoping, incluso pruebas psicológicas y dado la importancia que tiene el desempeñar un cargo público, la aplicación de dichos mecanismos en un proceso electoral no suena mal.
Recientemente el tema fue puesto sobre la mesa por la diputada priista, Delfina Pozos Vergara, quien presentó una iniciativa ante el Congreso local para volver obligatoria la presentación de dichos análisis mediante modificaciones al Código de Instituciones y Procesos Electorales.
Sumado a ello, también se busca la aplicación de la prueba del polígrafo, con la intención de evitar vínculos con grupos criminales.
En un principio, no parece un mal planteamiento, es necesario tener mayores controles sobre las personas que son propuestas para ocupar cargos públicos.
La carta de antecedentes no penales parece ser insuficiente para ser un filtro hacia quienes se encargan de administrar la vida pública, por lo que es necesario que haya mayores controles.
A pesar de que la propuesta fue planteada por un grupo político ajeno a la cuarta transformación, parece que tomará fuerza, pues el gobernador Alejandro Armenta Mier también se pronunció a favor de dicha medida.
El titular del Ejecutivo estatal señaló que es una obligación moral por parte de los funcionarios públicos mantener una honorabilidad en el desempeño de sus funciones.
Las declaraciones del mandatario retumbaron en el Congreso local, toda vez que el presidente del Poder Legislativo, Pavel Gaspar Ramírez, expresó una postura similar a la de Armenta Mier.
El paso del tiempo nos hará ver si la iniciativa es aprobada e incluso implementada para el proceso electoral de 2027 que ya se aproxima.
Sea como sea, es necesario cuidar las candidaturas y cargos públicos, al final de cuentas en una sociedad, gobernar es un trabajo de mayor responsabilidad que no cualquiera puede desempeñar.
