Las leyes más importantes no nacen en un escritorio. Nacen de la rabia organizada de quienes llevan años exigiendo que el Estado responda.
La Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño por el Delito de Feminicidio, promulgada el 15 de julio de 2026 por la presidenta Claudia Sheinbaum, es exactamente eso: el resultado de años de trabajo de colectivas feministas, de familias que perdieron a una hija, a una madre, a una hermana, y que en lugar de quedarse con el dolor decidieron convertirlo en exigencia. De mujeres organizadas en todo el país que documentaron, nombraron, marcharon y no se cansaron de señalar que México tenía una deuda pendiente con sus muertas.
Puebla estuvo en ese camino desde el principio.
Cuando en 2022 fue asesinada Cecilia Monzón — activista, abogada, madre — su caso dejó al descubierto algo que nadie había querido ver: que el Código Civil permitía que el presunto feminicida siguiera teniendo derechos legales sobre el hijo de la mujer que había asesinado. Ese vacío legal era real. Y Puebla lo cerró primero, con la Ley Monzón aprobada por el Congreso del Estado ese mismo año.
Pero una ley estatal no alcanza para un problema nacional. Por eso el 25 de julio de 2025 presenté en la Cámara de Diputados una iniciativa para llevarlo al ámbito federal: que la suspensión de la patria potestad, la guarda y la custodia operara desde la vinculación a proceso, no años después cuando el juicio terminara. Que la protección fuera inmediata. Que no dependiera del estado donde vivía la víctima.
Hoy eso está en la Ley General. Y eso importa enormemente.
Porque lo que hace una ley general no lo puede hacer ninguna ley estatal por sí sola: homologa. Unifica. Establece el mismo piso mínimo de protección en los 32 estados, sin importar dónde ocurra el feminicidio, sin importar qué tan avanzada o rezagada esté la legislación local. Antes de esta ley, el feminicidio podía estar tipificado de manera distinta en cada entidad, con penas distintas, con protocolos distintos, con niveles de investigación distintos. Eso no es justicia. Es una lotería geográfica que las víctimas y sus familias no deberían tener que jugar.
La Ley General cambia eso. No solo homologa el tipo penal y endurece las penas — entre 50 y 70 años de prisión, con agravantes — sino que abarca algo que las leyes anteriores dejaban fuera: la prevención, la investigación con perspectiva de género y la reparación integral del daño. Porque una política seria contra el feminicidio no empieza cuando ya hay una mujer muerta. Empieza antes — en los protocolos de atención, en la manera en que las instituciones responden a las primeras señales de violencia, en los mecanismos que detectan el riesgo antes de que sea demasiado tarde.
Y termina — o debería terminar — con una reparación real para quienes quedaron. Para los hijos que crecerán sin su madre. Para las familias que enfrentaron años de proceso judicial sin apoyo. Para eso, la ley crea el Registro Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes en Orfandad por Feminicidio y garantiza atención integral del Estado.
Desde que el presunto feminicida es vinculado a proceso, pierde automáticamente todos los derechos sobre sus hijas e hijos. Sin esperar sentencia. Sin años de litigio en los que el daño puede seguir ocurriendo. Eso es protección inmediata. Eso es lo que Puebla exigió primero y lo que hoy es ley en todo México.
Este logro lleva los nombres de muchas mujeres. De las colectivas que no se callaron. De Cecilia Monzón y de todas las que no pudieron ver esta ley. Desde esta representación, el compromiso es seguir construyendo sobre este piso. Porque una ley es un comienzo, no un punto final.
