El pasado domingo 9 de agosto, la presidenta Claudia Sheinbaum arrancó la Jornada Nacional de Reforestación 2026 en las faldas del Izta-Popo, aquí en Puebla, en el sitio conocido históricamente como el Paso de Cortés. La meta es ambiciosa y necesaria: sembrar 6.6 millones de árboles y plantas de 302 especies, dispersar un millón de semillas en 32 mil 184 hectáreas de las 32 entidades del país, y llegar a 2030 con mil 500 millones de plantas, árboles y semillas producidas y plantadas. Más de 400 mil sembradores y sembradoras, las Fuerzas Armadas, gobiernos estatales y miles de ciudadanos participando en una jornada que además declaró el segundo domingo de agosto como Día Nacional de la Reforestación.
Todo eso importa. Mucho.
Pero la derecha decidió no hablar de los árboles.
Prefirió estallar por una propuesta que la presidenta hizo ese mismo día, aprovechando que se conmemoraba el Día Internacional de los Pueblos Indígenas: dejar de llamar Paso de Cortés a ese territorio y nombrarlo, en cambio, el Paso de los Pueblos Indígenas. La razón es tan sencilla como contundente — por ahí pasaron los pueblos originarios mucho antes de que Hernán Cortés llegara a masacrar Cholula y marchar hacia Tenochtitlan. El nombre actual honra al conquistador. El nuevo nombre honraría a quienes vivían aquí desde antes.
La reacción fue inmediata y predecible. Escándalo. Indignación. “Revisionismo histórico.” “Borrar la historia.” Como si cambiar el nombre de un paso geográfico fuera un atentado civilizatorio y no simplemente un acto de justicia simbólica elemental.
Lo que esa reacción revela no es amor por la historia. Es colonialismo interiorizado. Es la incomodidad profunda de quienes han construido su identidad sobre una narrativa donde la Conquista fue inevitable, donde Cortés fue un civilizador y donde los pueblos originarios son parte del paisaje folclórico pero no sujetos históricos con derecho a que su memoria ocupe el lugar que les corresponde.
Hay algo revelador en qué cosas provocan indignación en ciertos sectores y cuáles no. El nombre de Cortés en un paso de montaña es intocable. Pero las condiciones de vida de las comunidades indígenas que habitan esas mismas montañas — la marginación, el despojo, el rezago — esas sí generan un silencio cómodo. Nadie sale a defender con la misma energía el derecho de esos pueblos a tierra, agua, educación y salud.
Y hay algo más que vale la pena nombrar: la misma derecha que se rasga las vestiduras por un nombre tiene muy poco que decir cuando se trata de defender la soberanía nacional frente a presiones externas reales. Cuando se cuestiona la presencia de agentes extranjeros operando sin autorización en territorio mexicano, cuando se señala la injerencia en asuntos internos, cuando México dice que no es piñata de nadie — ahí el escándalo se aplaca. Ahí la indignación encuentra otro destino.
Cambiar el nombre del Paso de Cortés no borra la historia. La reescribe desde una perspectiva más honesta. La historia de ese territorio no empieza con la llegada de un conquistador — empieza siglos antes, con los pueblos que lo habitaron, lo nombraron y lo cuidaron. Reconocer eso no es ideología. Es precisión histórica.
Desde Puebla, que vivió en carne propia la masacre de Cholula y que tiene una deuda profunda con sus comunidades indígenas, este gesto tiene un peso particular. El gobernador Alejandro Armenta lo entendió así al agradecer que esta jornada comenzara precisamente aquí, en las montañas del Izta-Popo, enviando un mensaje claro: la transformación se construye también cuidando el territorio y honrando a quienes lo han guardado desde siempre.
Mil 500 millones de árboles para 2030. Un nombre devuelto a quienes siempre debió pertenecer.
Eso es lo que pasó el domingo. Aunque a algunos solo les importara lo segundo para indignarse.
