La ASE garantiza el debido proceso y la legalidad en la fiscalización del Municipio de Acatlán.
Respecto de la información y diversas expresiones públicas relacionadas con la fiscalización que realiza la Auditoría Superior del Estado de Puebla al Municipio de Acatlán, esta institución informa:
La fiscalización correspondiente se encuentra en proceso y dentro de las etapas y plazos previstos por la legislación aplicable.
El artículo 114 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla establece expresamente que la Auditoría Superior del Estado deberá guardar reserva de sus actuaciones y observaciones hasta que entregue los Informes del Resultado de la fiscalización superior de los sujetos de revisión.
Esta obligación constitucional garantiza que los procedimientos de fiscalización se desarrollen con estricto apego a la legalidad y que las entidades fiscalizadas ejerzan plenamente su derecho a presentar las justificaciones, aclaraciones y documentación que correspondan antes de la emisión de conclusiones definitivas.
La Auditoría Superior del Estado actúa con autonomías técnica y de gestión y con estricto apego a su función constitucional y legal.
La observancia de las etapas previstas en la legislación garantiza el debido proceso y permite que, una vez concluidas, la información correspondiente sea entregada a las instancias competentes en términos del marco jurídico aplicable.
Actualmente, el procedimiento se encuentra en curso, por lo que no resulta jurídicamente procedente anticipar información respecto de sus resultados u observaciones.
Una vez concluidas las etapas correspondientes, la Auditoría Superior del Estado elaborará el Informe Individual de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2025, el cual será entregado a la Comisión de Control, Vigilancia y Evaluación de la Auditoría Superior del Estado del H. Congreso del Estado de Puebla, conforme al marco jurídico aplicable.
La Auditoría Superior del Estado de Puebla refrenda su compromiso con una fiscalización apegada a los principios de legalidad, definitividad, imparcialidad, profesionalidad, honradez y confiabilidad, garantizando en todo momento el debido proceso y el respeto irrestricto al marco constitucional y legal.
