El vientre no está en venta. México se convirtió en el mercado barato de la maternidad subrogada. No es una metáfora. Es la descripción exacta que especialistas en derechos humanos y exrepresentantes de Naciones Unidas están usando para describir lo que ocurre en este país cuando una práctica sin regulación federal opera en la sombra, mediada por contratos privados y agencias internacionales que llegan a aprovechar la desigualdad que ya existe.
Y la desigualdad es el núcleo del problema.
En un país donde millones de mujeres no tienen opciones laborales suficientes, donde los salarios son insuficientes y donde la precariedad es la condición de vida de la mayoría, la maternidad subrogada no es una elección libre. Es una trampa con apariencia de oportunidad. Una mujer que trabaja como empleada de limpieza no decide gestar el hijo de otra persona porque quiere hacerlo. Lo decide porque le ofrecen 300 mil pesos en pagos escalonados y alguien le dice que es rápido, que no pasa nada, que los pagos son buenos.
Eso no es autonomía. Es explotación con contrato.
Los números confirman lo que el sentido común ya intuye. Los amparos de filiación vinculados a procesos de gestación subrogada aumentaron un 2 mil 548 por ciento en cinco años: pasaron de 25 casos en 2020 a 662 en 2025, según datos del Órgano de Administración Judicial de México. Y esas cifras solo muestran una parte del fenómeno — los casos que llegaron a un juez. Los que no llegaron, los que se resolvieron con un contrato firmado a veces en una sala de espera o el mismo día de la transferencia embrionaria, no los cuenta nadie.
Solo Tabasco — desde 1997 — y Sinaloa tienen legislación que regula esta práctica. El resto del país opera en un vacío legal que beneficia a las agencias, no a las mujeres. Jalisco y el Estado de México se han posicionado como las entidades donde más contratos de este tipo se celebran, sin ningún marco legal que proteja a las gestantes. Agencias internacionales llegan, operan, y cuando quiebran — como ocurrió en 2026 con una agencia ucraniana con presencia en México — dejan a decenas de mujeres abandonadas en medio del proceso, sin respaldo, sin recursos y sin nadie que responda.
Las infancias tampoco están protegidas. Seis sentencias de la Suprema Corte han abordado el tema, y en todas ellas el debate se centró en la validez de los contratos privados, dejando fuera del análisis los derechos humanos de las niñas y niños involucrados. Un bebé concebido bajo estas condiciones no es el centro de la discusión legal. Es la mercancía que la discusión legal intenta repartir.
Pero detrás de cada número hay una historia que nadie cuenta. La de la mujer que pasó nueve meses gestando, que sintió moverse a ese bebé, que lo cargó dentro y que el día del parto tuvo que entregarlo y volver a casa como si nada hubiera ocurrido. La de la que firmó un contrato que no entendió del todo porque necesitaba el dinero y nadie le explicó bien lo que implicaba. La de la que quedó en medio del proceso cuando la agencia quebró — embarazada, sola, sin respaldo legal, sin saber qué pasará con ese bebé ni con ella. Esas mujeres no aparecen en ningún boletín de prensa. No tienen nombre público. Tienen una historia que el sistema prefiere no ver porque verla obliga a actuar.
El derecho internacional es claro: existe el derecho a fundar una familia. No existe el derecho a obtener un hijo a cualquier costo y sobre el cuerpo de otra persona. Esa distinción es fundamental y es la que los defensores de la regulación laxa sistemáticamente evitan hacer.
Desde esta representación acompañamos esa posición sin reservas. No venimos a regular esta práctica — venimos a prohibirla. Porque no hay forma de regular la explotación que la vuelva justa. No hay contrato que iguale la posición de una mujer en situación de precariedad con la de quien puede pagar por su cuerpo. No hay marco legal que convierta la mercantilización de la maternidad en un derecho.
Hay cosas que no se regulan. Se prohíben. Y esta es una de ellas.
