Por unanimidad, en comisiones, el Senado modificó una minuta aprobada por la Cámara de Diputados con la finalidad de aumentar hasta 25 años de prisión como pena máxima, además de agravantes, contra las personas que comentan el delito de extorsión.
Y es que el pasado 28 de octubre, la Cámara de Diputados aprobó la iniciativa presidencial para expedir la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos de Extorsión, en la que se fijó un tipo penal que se aplicará en todo el país, en el cual se impone como pena mínima 6 años de prisión y máxima de 15 años de prisión, más agravantes, a los extorsionadores.
Sin embargo, hoy las Comisiones de Justicia y Estudios Legislativos del Senado enmendaron un error en la minuta de San Lázaro, ya que esas penalidades dejarían en libertad a personas sentenciadas en algunos estados, por ejemplo entidades como Morelos, Quintana Roo y Michoacán, que actualmente tienen penas de prisión que van de los 15 a los 25 años de cárcel.
Para evitar que extorsionadores se vean beneficiados, las comisiones del Senado avalaron el dictamen para aumentar la prisión contra extorsionadores. La pena será de un mínimo de 15 años y máximo 25 años, la cual aplicará para todos los estados del país, incluido la Ciudad de México.
Estas penas serán mayores por agravantes, es decir sumarán hasta 17 años más de prisión, cuando el delito de extorsión incluya cobro de piso, imposición de precios, uso de sistema financiero y la extorsión contra personas candidatas a un cargo de elección popular. Es decir, en esos casos, la pena en cárcel llegará a 42 años.
Las comisiones del Senado también aprobaron diversos cambios a 15 artículos de la Ley contra la extorsión, así como una adhesión de un artículo transitorio.
En este caso se aprueba un solo tipo penal para la Federación y todos los estados que consiste en sancionar a quien sin derecho, obligue a otro a dar, hacer o dejar de hacer o tolerar algo, obteniendo un beneficio o lucro para sí o para otro, o causando a alaguien un daño o perjuicio patrimonial físico o psicológico.
En términos generales se propone la persecución de oficio del delito de extorsión desde centros penitenciarios, también establece procedimientos para la inhibición de llamadas desde las cárceles, que son un punto de extorsiones telefónicas.
Otra modificación es establecer como regla general la imposibilidad de obtener beneficios, como libertad anticipada, conmutación de la pena o cualquier otro que implique la reducción de la pena del delito de extorsión. No habrá beneficios de libertar contra extorsionadores.
De la misma forma, se aprueba un ajuste para señalar el deber de contar con unidades, ministerios públicos, policías y analistas capacitados, especializados, evaluados y certificados en materia de extorsión.
La senadora por MC, Alejandra Barrales, dijo que su bancada respalda estas modificaciones, ya que detalló que en 2024, la extorsión fue el tercer delito que más padecieron los mexicanos, según el INEGI. Sostuvo que debe haber una verdadera sanción contra este delito.
“El elemento que reina en este caso es la impunidad. Hay una cifra oculta de este delito del 97 por ciento”, aseveró.
El coordinador del PAN en el Senado, Ricardo Anaya, respaldó la iniciativa con la modificación para aumentar las penas de prisión para combatir la extorsión, “ya que es un cáncer que afecta a comunidades enteras en el país”.
La senadora del PRI, Claudia Anaya, también anunció el voto a favor del Revolucionario Institucional, ya que las penas son adecuadas para evitar que el delito siga en aumento.
El dictamen pasa al Pleno del Senado para que se apruebe este miércoles.
INFORMACIÓN: EL HERALDO DE MÉXICO
