Durante décadas, la vivienda en México funcionó como negocio. Las reglas del juego eran simples y crueles: si tenías enganche, tenías casa; si no lo tenías, tenías renta. Y la renta, mes a mes, construía el patrimonio de alguien más mientras el tuyo seguía en cero.
Ese modelo dejó afuera a millones. Pero no de manera aleatoria. Dejó afuera, sobre todo, a quienes el sistema ya había dejado afuera en todo lo demás: trabajadores informales, adultos mayores sin historial crediticio, personas con discapacidad, y de manera particularmente brutal, a las madres jefas de familia.
Una madre que sostiene sola un hogar no encajaba en el perfil del crédito hipotecario tradicional. Su ingreso era insuficiente, su estabilidad laboral cuestionable, su historial incompleto. El sistema le pedía garantías que la vida no le había dado. Y mientras tanto, ella pagaba renta en un lugar que nunca sería suyo, criaba a sus hijos en un espacio prestado, y organizaba su vida entera alrededor de la posibilidad de que el dueño decidiera no renovar el contrato.
Esa incertidumbre no es un detalle menor. Es una forma de violencia cotidiana que nadie nombra como tal. No saber si el año que viene seguirás en el mismo lugar. No poder colgar un cuadro sin pedir permiso. No poder hacer una mejora sin arriesgarte a perder el depósito. Vivir en alerta permanente sobre el espacio donde duermes, donde cuidas a tus hijos, donde deberías sentirte segura.
Para una madre que cría sola, tener una vivienda propia no es comodidad. Es seguridad. Es saber que nadie puede quitarte el techo. Es poder darles a tus hijos la estabilidad que tú tal vez no tuviste. Es dejar de gastar energía en la angustia de lo provisional y empezar a construir algo que dure.
El Programa de Vivienda para el Bienestar está cambiando esa historia en Puebla. La meta de construcción en la entidad se incrementó un 53 por ciento — 74 mil 386 nuevas viviendas proyectadas, con una inversión de 44 mil 632 millones de pesos y la generación de más de 260 mil empleos. Ya se entregaron las primeras 94 viviendas en el complejo Lomas de San Miguel, con hipotecas que en algunos casos bajaron de 3 mil 500 pesos de renta mensual a mil 900 pesos de crédito. Menos de lo que pagaban por algo ajeno, ahora por algo propio.
Esos números importan. Pero lo que más importa es lo que hay detrás de ellos. Cada vivienda entregada es una familia que sale del ciclo de la renta. Cada llave es una madre que por primera vez puede decirle a sus hijos: aquí vivimos, esto es nuestro, nadie nos va a mover.
La vivienda digna no debería ser un privilegio de quienes tienen historial crediticio impecable o acceso a un enganche imposible. Es un derecho constitucional que durante demasiado tiempo existió solo en el papel. Un derecho que el mercado convirtió en mercancía y que el Estado abandonó como obligación.
Lo que hoy ocurre con el Programa de Vivienda para el Bienestar es una corrección histórica. No perfecta, no suficiente todavía, pero real. Es el Estado recuperando su responsabilidad de garantizar que una trabajadora, una madre autónoma, una persona con discapacidad, un adulto mayor — todos ellos puedan acceder a un espacio seguro y digno sin que su situación económica lo impida.
Desde esta representación impulsaremos que este programa llegue a más familias, que las condiciones de acceso sean cada vez más justas y que ninguna madre en Puebla tenga que criar a sus hijos en la incertidumbre de lo prestado.
Una casa propia no transforma solo el presente. Transforma el futuro de los hijos que crecen en ella. Y eso, que no aparece en ninguna estadística, es quizás el impacto más profundo de todo lo que está construyendo este programa.
Porque una madre con techo propio no solo tiene un hogar. Tiene un punto de partida.
