El exalcalde de Puebla Eduardo Rivera, confirmó que fue notificado sobre una resolución dictaminada por la ASE y el Tribunal de Justicia Administrativa. La cual busca inhabilitarlo por 15 años para ejercer cargos públicos y aplicarle una multa económica de 15 millones de pesos.
Frente al dictamen derivado de la revisión de su cuenta pública, el panista aseveró que se trata de una medida no definitiva. Y descartó que existan anomalías en el manejo de los recursos e impugnará la resolución por las vías legales correspondientes.
De acuerdo con las versiones administrativas, la sanción de la ASE responde a presuntas irregularidades y un supuesto abuso de funciones. Esto, durante su gestión al frente del Ayuntamiento de Puebla en el 2023.
Las medidas de fiscalización no solo afectan al excandidato albiazul, sino también a su círculo cercano. Entre ellos, Bernardo Arrubarrena con una inhabilitación por 10 años y multa de 10.5 millones de pesos.
Arrubarrena había dejado su cargo a inicios de 2024 para incorporarse activamente al equipo de campaña de Rivera Pérez durante el pasado proceso electoral.
En tanto que para Eduardo Rivera la resolución contempla una inhabilitación de 15 años para ejercer el servicio público. Además de un resarcimiento económico que asciende a 15 millones de pesos.
Persecución política y miras hacia el 2027: Eduardo Rivera
Al respecto, Eduardo Rivera calificó el procedimiento en su contra como una embestida con trasfondo político orientada a frenar sus aspiraciones. En el cual figuraba como una de las cartas mejor posicionadas dentro de la oposición.
A través de sus redes sociales el panista sostuvo que la estrategia busca sacarlo de la contienda de manera anticipada rumbo al 2027.
Aclaró que en el expediente del tribunal no existen pruebas sobre un mal manejo de los recursos públicos. Ni acciones irregulares concretas que puedan imputarse de forma personal.
El exedil puntualizó que el dictamen notificado no causa estado y confirmó que recurrirá a las instancias correspondientes para impugnarlo por las vías legales.
“En esta resolución, se me señala por un supuesto abuso de funciones que NO fue acreditado y no hay ninguna acción que se le pueda atribuir a mi persona. Aunque NO se me acusa de un mal manejo de recursos públicos, el objetivo es claro: quieren multarme e inhabilitarme INJUSTAMENTE”, mencionó.
