Durante décadas, hombres y mujeres sacaron adelante a sus familias trabajando en los mercados y tianguis poblanos. Sin embargo, desde hace algunos años, estos espacios se convirtieron en mecanismos de financiamiento para grupos delictivos, cuyo poderío hoy amenaza también al comercio formal.
El modelo de extorsión inició hace algunos años, principalmente cuando el grupo liderado por quien fuera la cara visible de una organización criminal, Christian N., alias “El Grillo” —fallecido en un penal federal—, tomó el control de los mercados de la capital. Se apropiaron de las oficinas y, desde ahí, controlaban los “puntos” de narcomenudeo y otras actividades ilícitas.
A diferencia de otros líderes delictivos que generan una base social a través de ayudas en las comunidades donde operan, este grupo optó por sembrar el terror.
Así, los comerciantes eran obligados a pagar cuotas semanales. Levantones, homicidios, tableadas, videos, llamadas y amenazas fueron los métodos utilizados para amasar importantes sumas de dinero.
El negocio de la extorsión es altamente redituable, porque, ante amenazas cumplidas y la zozobra en la que viven, los comerciantes no denuncian. Por tanto, las autoridades actúan como si no supieran lo que pasa.
Extorsión que, para el secretario de Gobernación Municipal, Franco Rodríguez, parece algo muy normal: que los comerciantes tengan que pagarle a una persona que se dice líder, para poder utilizar la vía pública.
Hoy, sin importar la colonia, cada persona que quiere vender algo debe pagar extorsión, o como le gusta llamarlo a Franco Rodríguez: “cuota por afiliarse a la organización”.
Intente usted vender algo en la calle, y verá que no pasan ni tres días sin que lleguen estos sujetos a obligarlo a pagar. De lo contrario, le darán una paliza, le destruirán el puesto y lo amenazarán para que no regrese.
En los mercados, la situación es igual. Los comerciantes tienen que pagar “piso” a cambio de que no les pase nada.
El dinero limpio es tan atractivo para los grupos delictivos y las organizaciones de comerciantes —muchas veces, delincuentes disfrazados— que a balazos se disputan los territorios.
Pero el problema no se limita ahí. Este reportero tiene informes sobre agresiones a comerciantes establecidos que pagan renta por un local en el centro, especialmente en las zonas más conflictivas: 10, 12, 14 y 16 Oriente. Comerciantes que ya han sido agredidos por estas bandas, a las que también les han tenido que pagar piso.
No importa el nombre del grupo delictivo: si las autoridades siguen fingiendo que no saben lo que ocurre, la extorsión seguirá avanzando, como ya sucede en otros estados.
La autoridad municipal simula que se trata de organizaciones ambulantes. La Secretaría de Seguridad Pública —a pesar de tener una Subsecretaría de Inteligencia, anunciada como la salvación del estado— parece de adorno. Y la Fiscalía General del Estado espera a que lleguen las denuncias… para archivarlas, a la espera de que algún día lleguen los recursos para investigar.
La extorsión daña gravemente la economía y fortalece a los grupos criminales.
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Por cierto…
Hace un tiempo le hablé de que a los diputados poblanos les encanta subirse a cualquier tren del mame legislativo.
Se hicieron pelotas con la prohibición de los narcocorridos, van aún peor con la regulación de las motocicletas, y acaban de hacer el ridículo con el “ciberasedio”.
Necesitamos legisladores serios, que conozcan su papel, sus atribuciones y los procesos legislativos. No todo son likes en redes sociales.
