Hay dos cosas que la política fiscal de este gobierno ha demostrado que pueden coexistir sin contradicción: disciplina financiera y justicia social. Durante años se nos dijo que eran incompatibles. Que si querías más gasto social necesitabas más impuestos. Que si querías finanzas sanas tenías que recortar derechos. El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum está desmontando ese argumento con hechos.
El Paquete Económico 2027 presentado esta semana ante el Congreso lo confirma: no habrá nuevos impuestos. No habrá gasolinazos. La estrategia para fortalecer los ingresos públicos no pasa por cargarle más a las familias mexicanas que ya tienen suficiente con lo que cargan — pasa por cobrarle a quien ha evadido durante años. Por cerrar los espacios que empresas factureras han usado para evadir el IVA y otros impuestos con comprobantes falsos. Por recuperar recursos que siempre debieron llegar al erario y que en cambio engrosaron las cuentas de quienes tienen más capacidad de pagar y menos disposición de hacerlo.
Eso se llama justicia fiscal. Y es exactamente lo que una política económica responsable debe hacer.
La Ley de Ingresos 2026 ya lo estableció con claridad: más de 10 billones de pesos en ingresos estimados, sin nuevos impuestos al ciudadano común, con más de 850 mil millones de pesos destinados a programas sociales prioritarios. Pensiones para adultos mayores, apoyos a personas con discapacidad, respaldo a mujeres de 60 a 64 años, apoyo a madres trabajadoras. Recursos que llegan directamente a quienes los necesitan, sin intermediarios, sin condiciones políticas, sin que nadie tenga que demostrar lealtad para recibirlos.
Y aquí está el punto que más importa subrayar: estos programas no son electoreros. No son un favor que el gobierno le hace a la gente cada seis años para pedir el voto. Son derechos. Derechos que hoy están en la Constitución y que por tanto no dependen de quién gane la siguiente elección ni de qué partido esté en el poder. Eso es lo que cambia cuando un programa social se eleva a rango constitucional — deja de ser una promesa y se convierte en una obligación del Estado que ningún gobierno futuro puede simplemente eliminar.
Los números de lo que eso significa en la vida real son contundentes. Alrededor de 42.8 millones de personas reciben actualmente algún apoyo del gobierno. En los últimos años, más de 13 millones de personas salieron de la pobreza. Trece millones. No como dato abstracto — como familias concretas que pasaron de no tener para comer a tener una base mínima de estabilidad. Que dejaron de elegir entre la medicina y el alimento. Que pudieron mandar a sus hijos a la escuela con útiles, con uniforme, con algo de comer.
La pobreza no se erradica con un programa. Se erradica con una política sostenida, con ingresos dignos, con servicios de salud que lleguen, con educación de calidad y con la certeza de que el Estado estará ahí independientemente de quién gobierne. Eso es lo que se está construyendo. No de manera perfecta, no de manera suficientemente rápida, pero sí de manera estructural.
Desde esta representación votamos con convicción cada instrumento presupuestal que garantiza que esos recursos lleguen. Porque el trabajo legislativo tiene consecuencias reales: cada peso bien asignado en una ley de ingresos es una pensión que se paga, un medicamento que llega, un niño que no va a la escuela con hambre.
La responsabilidad fiscal no es el enemigo de los derechos sociales. Es su condición. Un Estado que gasta bien, que recauda con justicia y que no carga al de menos para cubrir lo que el de más no quiere pagar, es un Estado que puede sostener sus compromisos en el tiempo.
Eso es lo que está haciendo este gobierno. Y eso es lo que seguiremos acompañando.
