Las instituciones tardan décadas en construirse y pueden dañarse en pocos días. Eso es lo que está en juego con lo que ocurre hoy en el Instituto Nacional Electoral.
El 25 de octubre, Guadalupe Taddei presentó su renuncia a la presidencia del INE, en medio de señalamientos por presuntas irregularidades en contratos y posibles conflictos de interés con proveedores. Desde entonces se han sumado decenas de renuncias de funcionarios y el propio Instituto ha pedido a la Auditoría Superior de la Federación una fiscalización urgente de sus compras desde 2023. Se revisan contratos por más de mil 800 millones de pesos.
Conviene decirlo con claridad. Son señalamientos que se están investigando y nadie debe ser condenado antes de tiempo. La presunción de inocencia vale para todas las personas, sin excepción. Pero la presunción de inocencia no es una razón para no investigar. Por eso la fiscalización tiene que ser profunda, técnica y completa.
Aquí entra el trabajo de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación en la Cámara de Diputados. La ASF es el órgano técnico con el que el Poder Legislativo revisa en qué se gasta el dinero público. La Comisión de Vigilancia es quien acompaña y supervisa ese trabajo. Su papel en este momento es garantizar que la revisión avance sin presiones, sin pausas convenientes y sin atajos.
Se ha hablado de plazos de alrededor de seis meses para conocer resultados. Los vamos a seguir de cerca. Un plazo largo, sin seguimiento, es el camino más corto hacia el olvido, y el olvido es lo que más conviene a quien tiene algo que esconder.
Este tema es ajeno a cualquier partido. Un contrato firmado sin transparencia no tiene color. Un sobreprecio no es de izquierda ni de derecha. Por eso la revisión no debe limitarse a una sola gestión. Debe alcanzar también los periodos anteriores, porque si hubo prácticas que se toleraron durante años, la ciudadanía tiene derecho a conocerlas todas. Cuando se fiscaliza con un solo objetivo, se llama venganza. Cuando se fiscaliza con reglas parejas, se llama rendición de cuentas.
Tampoco se trata de debilitar al INE. La autonomía de un órgano electoral es una conquista democrática que costó mucho y que hay que cuidar. Pero la autonomía es independencia frente al poder político, no un escudo frente a la auditoría. Un instituto que se deja revisar sale más fuerte, y uno que se resiste a ser revisado pierde credibilidad.
Y la credibilidad es lo que está en juego rumbo a 2027. Todos los partidos, los de gobierno y los de oposición, necesitamos un árbitro en el que la gente confíe. Quien gane tendrá legitimidad solo si quien organiza la elección la tiene. Quien pierda aceptará el resultado solo si cree que el árbitro es limpio. Cada peso mal gastado en el INE es un golpe a esa confianza, y esa confianza es de todas y de todos.
Desde esta representación, el compromiso es concreto. Estaremos cercanos al trabajo de fiscalización, pidiendo que se informe con oportunidad y que los resultados se hagan públicos. No vamos a permitir que este caso se convierta en botín político, y tampoco que se archive en silencio. Si hay responsabilidades administrativas o penales, deberán seguir su cauce en las instancias correspondientes, con el debido proceso y sin privilegios.
Cuidar a las instituciones no es defender a quienes las dirigen. Es exigir que quienes las dirigen estén a su altura. El INE es de la ciudadanía, y la ciudadanía merece saber qué pasó.
