Ante la iniciativa de la llamada “ley de infancias trans”, la Arquidiócesis de Puebla, consciente de su misión de anunciar el Evangelio y promover la dignidad de toda persona humana, expresa firmemente su preocupación y rechazo ante dicha iniciativa de ley que pretende permitir a los menores de edad modificar, por percepción, su sexo, tanto en el acta de nacimiento, como en sus demás documentos oficiales.
La Iglesia reafirma la dignidad inviolable de toda persona humana, independientemente de su situación personal, y reconoce que merece respeto, acogida y acompañamiento, y debe estar libre de cualquier forma de violencia, discriminación o injusticia.
Sin embargo, también la Iglesia sostiene que la identidad sexual no es una construcción meramente subjetiva, ni una construcción social, ni una realidad completamente separada del cuerpo. El Magisterio de la Iglesia ha señalado que las corrientes ideológicas que pretenden desvincular radicalmente la identidad personal de la realidad biológica, pretendiendo que la identidad sexual dependa exclusivamente de la autopercepción individual, independientemente de la constitución corporal, introducen una visión antropológica que no corresponde a la comprensión integral de la persona humana.
Desde la perspectiva bioética, también existen razones para actuar con prudencia cuando se trata de menores de edad. La infancia y la adolescencia son etapas de desarrollo físico, psicológico, emocional y social en las que la personalidad y la identidad continúan madurando. Por ello, numerosos especialistas sostienen que las decisiones de los menores, que tengan efectos jurídicos permanentes sobre aspectos fundamentales de su identidad, requieren contar necesariamente con un grado crítico de madurez y responsabilidad.
Asimismo, el citado interés superior del menor exige que toda legislación dirigida a la niñez considere cuidadosamente las consecuencias futuras de decisiones adoptadas en edades tempranas. Preocupa particularmente que una modificación del sexo en los documentos oficiales, pueda consolidar jurídicamente una situación cuya comprensión y vivencia personal aún se encuentra en desarrollo, generando posibles conflictos psicológicos y emocionales posteriores para el propio menor. También preocupa que la aprobación de esta ley sea puerta de entrada para otras iniciativas como las cirugías de cambio de sexo a menores de edad, quienes, como ya se ha señalado, aún no cuentan con la madurez necesaria para tomar una decisión que afectará el resto de su vida y no necesariamente de manera positiva.
Por ello, hacemos un llamado respetuoso a los legisladores para que promuevan un diálogo amplio, serio y responsable; que escuchen los especialistas en medicina, psicología, bioética, derecho, y educación, así como a las diversas confesiones y organizaciones civiles, pero sobre todo a los padres de familia.
Los padres de familia son los primeros responsables de la educación y formación de sus hijos. Cualquier política pública relacionada con la identidad sexual de los menores debe respetar el derecho fundamental de las familias a participar activamente en las decisiones que afectan el desarrollo de sus hijos. Ninguna ley puede estar por encima del derecho natural de los padres por decidir y salvaguardar el bienestar de sus propios hijos. Ahora bien, la postura de la Iglesia ante estas iniciativas no debe interpretarse como rechazo hacia personas concretas. Por el contrario, reiteramos nuestro compromiso de acompañar con cercanía evangélica a quienes viven situaciones de sufrimiento, confusión o conflicto respecto de su identidad. Rechazamos cualquier forma de discriminación, violencia, acoso, exclusión o trato indigno hacia dichas personas, que ante todo merecen ser acogidas con respeto, acompañamiento, escucha y auténtica caridad cristiana
