El gobernador Alejandro Armenta reveló que las protestas realizadas a las afueras del penal de San Miguel no surgieron de una manifestación civil espontánea. Sino de un operativo orquestado por un comando armado contratado por tiempo limitado.
Según los primeros reportes de inteligencia presentados en la Mesa de Paz el grupo de encapuchados actuó bajo un esquema de contratación de dos horas.
El mandatario estatal señaló que, a diferencia de una exigencia ciudadana convencional, los líderes del bloqueo rechazaron cualquier canal de comunicación.
“Lamentablemente, este grupo que se presentó armado con pasamontañas no quiso tener una mesa de diálogo. Es muy raro, fue sincronizado… Es muy raro que una vez que terminaron las dos horas que me dicen se contrataron para que estuvieran manifestándose, se hayan ido todos”, declaró
A pesar de la logística empleada por el grupo armado, las demandas en los centros penitenciarios de San Miguel y Tepexi de Rodríguez quedaron al descubierto.
Los manifestantes exigían la destitución de los directivos de San Miguel. Y el traslado inmediato fuera de Puebla de tres reclusos vinculados a la delincuencia organizada regional: Juan Carlos “N.”, alias “El Marra”, y “El Primo”.
Ante estas peticiones, el Ejecutivo estatal instruyó la evaluación inmediata de los expedientes para gestionar, junto con las fuerzas federales. Y la reubicación de dichos perfiles de alta peligrosidad.
Finalmente, ratificó que las investigaciones para dar con los autores intelectuales del bloqueo están en marcha. Al tiempo que garantizó una revisión integral del sistema penitenciario en todo el estado.
