Diputado Jaime Aurioles propone fortalecer sanciones por abandono u omisión de cuidados de personas en situación de vulnerabilidad

Miroslava Mendoza

Con el propósito de fortalecer la protección jurídica de las personas en situación de vulnerabilidad, el diputado Jaime Alejandro Aurioles Barroeta presentó una iniciativa para reformar el artículo 346 del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla.

La propuesta establece que a quien abandone u omita cuidados a una niña, niño o adolescente incapaz de cuidarse a sí mismo, a una persona adulta mayor, a una persona enferma o a una persona con discapacidad, teniendo la obligación de cuidarlos y poniendo en riesgo su integridad, su salud o su vida, se le impondrá una pena de tres meses a cinco años de prisión.

Además, se le privará del derecho de heredar, de la patria potestad o de la tutela, en caso de ejercer alguno de estos cargos. Asimismo, la propuesta legislativa señala que, si del abandono u omisión de cuidados resultara la muerte o lesión de la víctima, se aplicarán las penas correspondientes por los delitos de homicidio o lesiones, ambos calificados, de acuerdo con el grado que corresponda.

En los considerandos de la iniciativa, el diputado menciona que fortalecer la regulación del delito de abandono permite que el Estado reafirme que la protección de las personas en situación de vulnerabilidad constituye una prioridad jurídica y ética.

También señala que esta reforma envía un mensaje claro sobre la importancia de los deberes de cuidado, la solidaridad familiar y la responsabilidad hacia quienes dependen de la asistencia de otras personas, al considerar que una sociedad verdaderamente justa no puede permanecer indiferente frente al abandono o la omisión de cuidados de quienes requieren protección especial.

El diputado Jaime Alejandro Aurioles subraya que “el abandono y la omisión de cuidados de personas en situación de vulnerabilidad constituyen una de las conductas más graves de incumplimiento de los deberes de cuidado y solidaridad que exige la convivencia social”, por lo que merecen una protección jurídica reforzada frente a cualquier conducta que ponga en riesgo su integridad, su salud o su vida.

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