El 20 de mayo de 2021, dos estudiantes de la Normal Rural de Teteles murieron al caer de un tráiler en Cuapiaxtla, Tlaxcala, durante el saqueo de una unidad cargada con bebidas energizantes.
Iris, de 21 años y originaria de Guerrero, y Mónica Paola, de 22 años, originaria de Tlatlauquitepec, perdieron la vida.
El episodio forma parte de una historia de protestas que se ha repetido durante años. Basta recordar las constantes movilizaciones en casetas de peaje y aquella del 2 de septiembre de 2025, cuando una unidad de la RUTA terminó incendiada en el bulevar 5 de Mayo y la calle 14 Oriente.
La pregunta es inevitable: ¿quién las responsabiliza cuando una protesta termina en daños, agresiones o saqueos?
En cada administración ocurre algo similar. Las estudiantes presionan, las autoridades ceden y el conflicto se desactiva momentáneamente. Pero el problema permanece y la ciudadanía termina pagando las consecuencias.
El asunto tampoco se limita a las manifestaciones. De acuerdo con el secretario de Gobernación, Samuel Aguilar Pala, 43 jóvenes desertaron de la institución durante este ciclo escolar y existen 16 denuncias ante la Fiscalía de Puebla por hechos de violencia dentro de la Normal.
Las denuncias señalan además que estudiantes de nuevo ingreso son sometidas y amenazadas por compañeras de grados superiores para participar en las protestas. Si se niegan, enfrentan consecuencias.
¿Dónde están entonces la SEP y la Fiscalía? ¿Hasta cuándo se permitirá que una institución destinada a formar a las futuras docentes sea escenario de violencia?
El argumento de la libre expresión no puede convertirse en una carta abierta para cometer delitos. Manifestarse es un derecho; saquear, agredir, incendiar unidades o causar daños a terceros no lo es.
Y este problema no comenzó con la actual administración. Durante años, distintos gobiernos han otorgado beneficios y concesiones para contener las movilizaciones. El resultado está a la vista: el conflicto se repite y la impunidad también.
Nuevamente, este martes, la ciudadanía padeció las consecuencias.
Las estudiantes provienen de Puebla y de entidades como Veracruz, Oaxaca, Guerrero, Tlaxcala, Ciudad de México, Hidalgo, Morelos y Chiapas. Pero el origen no es el problema. El problema es que ninguna procedencia ni condición de estudiante puede estar por encima de la ley.
La pregunta es simple ¿Cuándo se va a castigar?
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