El proyecto de sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, derivado de la acción de inconstitucionalidad promovida por el Partido Acción Nacional, único partido político que impugnó la Reforma Electoral en Puebla, reconoce sus argumentos al proponer la invalidez de las disposiciones relacionadas con la integración del Ayuntamiento de Puebla capital, al considerar que la distribución aprobada reduce injustificadamente la representación de las minorías.
Desde el inicio, se advirtió que esta modificación representaba un retroceso para la pluralidad democrática, al disminuir los espacios de representación proporcional en el Ayuntamiento de Puebla y limitar la participación de las distintas fuerzas políticas en las decisiones del municipio.
El presidente estatal, Mario Riestra, señaló que la defensa jurídica emprendida busca garantizar que las distintas expresiones políticas tengan voz y representación en los gobiernos municipales, y evitar que las reformas electorales reduzcan injustificadamente los espacios de participación democrática.
Para el proceso electoral en curso, el proyecto establece que el Instituto Electoral del Estado deberá aplicar una integración de 10 regidurías de mayoría relativa y cinco de representación proporcional en el Ayuntamiento de Puebla capital, en lugar de la distribución aprobada por el Congreso del Estado.
Además, contempla que, una vez concluido el proceso electoral, el Congreso del Estado deberá corregir el vicio de inconstitucionalidad, incorporando nuevos porcentajes que garanticen la operatividad y funcionalidad de ambos principios de representación.
Este último planteamiento es especialmente relevante, pues no se limita a establecer una distribución específica de regidurías para el proceso actual, sino que exige al Poder Legislativo modificar los porcentajes para garantizar que, en adelante, exista un equilibrio entre la representación de mayoría relativa y la proporcional, preservando la pluralidad política.
Para Acción Nacional, este proyecto representa un avance en la defensa de la democracia y la representación de las minorías, al reconocer que la integración de los ayuntamientos debe garantizar la participación de las distintas expresiones políticas y no limitar injustificadamente su presencia en los espacios de decisión.
Cabe señalar que se trata de un proyecto de sentencia, por lo que su contenido deberá ser discutido y votado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
