En 2025 ocurrió algo que no tenía precedente en la historia de México: alrededor de 13 millones de ciudadanas y ciudadanos fueron a las urnas a elegir a quienes impartirían justicia en su nombre. No a legisladores. No a gobernadores. A juezas, jueces, magistradas y magistrados. Por primera vez, el pueblo tuvo voz directa sobre uno de los poderes que más afecta su vida cotidiana.
Esa jornada fue histórica. Y como toda primera vez, también dejó lecciones.
La reforma que hoy se discute en la Cámara de Diputados no viene a deshacer lo que se construyó en 2024. Viene a perfeccionarlo. Y uno de sus ejes centrales merece explicarse con claridad porque toca un principio fundamental: la elección judicial de 2028 debe ser un ejercicio democrático propio, separado de la lógica y la dinámica de los procesos político-electorales ordinarios.
¿Por qué importa eso?
Porque elegir a un juez no es lo mismo que elegir a un diputado. La naturaleza del cargo es distinta. Un legislador representa una posición política, una plataforma, un partido. Un juzgador representa la ley, la imparcialidad, la aplicación técnica del derecho. Cuando ambas elecciones ocurren
