El lunes 18 de agosto la Subsecretaría de Centros Penitenciarios realizó traslados de internos del penal de San Miguel que tenían una pugna por el control del autogobierno en ese centro, pero esto en nada cambió las dinámicas que generan jugosas ganancias.
La atención se centró en uno de los bandos, encabezado por Ernesto Orea, a quien incluso le hicieron una manifestación para acusarlo de extorsión y maltrato contra los internos.
También sacaron de San Miguel a Jorge Armando N., “El Monterrey”, identificado con Orea y con “Pavón”, quien estaría al mando de algunas actividades.
Asimismo, se llevaron a personajes relacionados con Joaquín Claudio, “El Marmolero”, señalado como el patrocinador de las protestas.
En redes sociales se señalan a otros internos que llevan varios años dentro de San Miguel controlando áreas e ilícitos.
Se van de traslado, regresan, salen libres, reinciden, llegan nuevos, se alían, se traicionan; el negocio siempre está en hacer llegar al interior la mayor cantidad de cosas o personas del exterior, así como en replicar las actividades que se hacían en libertad.
Quien tiene el control de la puerta tiene el control del negocio. El dinero sube. Por eso el expresidente López Obrador decía —aunque no lo hizo en todos lados— que la corrupción se barre de arriba hacia abajo.
Ya se hicieron operativos y se aseguraron celulares, dieron de baja al director. Si vuelven a encontrar teléfonos, ¿van a correr a otro director? ¿O tendrían que ir más arriba?
Si no reinsertan porque no hay condiciones y tampoco castigan porque los internos compran privilegios, ¿para qué sirve una cárcel entonces?
Parece más la administración del delito y sus ejecutores.
